Principio de acuerdo entre patronal y sindicatos de la estiba que el gobierno ha rechazado

Preacuerdo entre sindicatos y patronal que fue rechazada por el gobierno

Reunidos, de una parte, los integrantes de la Comisión Negociadora de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), y de otra parte, los integrantes de la Comisión Negociadora de Coordinadora, UGT y CC.OO. manifiestan que en el seno del procedimiento de negociación desarrollada como consecuencia de la ejecución de la SJUE, de 11 de diciembre de 2014, han alcanzado el siguiente principio de acuerdo:

1. Mejoras organizativas y productivas en el sector.

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, corresponde a la empresa titular de la licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías, en su condición de empleadora, la dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios. Idéntica facultad corresponde a las empresas en los supuestos de que la actividad se realice por medio de los Centros Portuarios de Empleo (también por las SAGEP transformadas) o por Empresas de Trabajo Temporal.

El pacto de las manos y destino (buque) es una práctica que se ha consolidado durante decenios por lo que su alteración, para profundizar en las facultades de dirección y organización, supone un cambio de cultura en ambas partes.

En consecuencia, corresponde a las empresas la designación del personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias. El ejercicio de la indicada facultad exige la negociación en cada Puerto de las medidas de flexibilidad para mejorar la productividad, para ello, en el plazo de quince días, los sujetos legitimados para la negociación colectiva, en cada puerto, se comprometen a negociar y alcanzar los acuerdos necesarios a fin de cumplir los objetivos indicados anteriormente.

Las empresas deberán informar previamente a la comisión paritaria sectorial del convenio colectivo local de cada puerto (parte social) sobre las órdenes o instrucciones que alteren los nombramientos y destinos conforme al uso y costumbre local y se comprometen a la revisión de las condiciones de trabajo establecidas adoptando, en su caso, los acuerdos necesarios. En el marco de tal revisión y en respecto a las facultades directivas y organizativas antes indicadas, los sindicatos se comprometen a que, en caso de discrepancia sobre las medidas adoptadas por las empresas en cada puerto, no adoptarán ninguna medida de acción sindical hasta que el asunto sea resuelto por la Comisión Negociadora Estatal.

En el supuesto de que en el plazo indicado no se hubiera alcanzado acuerdo, se remitirán las discrepancias a la Comisión Negociadora del ámbito estatal, al objeto de resolver sobre las mismas. En caso de desacuerdo se recurrirá a los procedimientos de resolución de conflictos establecidos en el IV Acuerdo Marco (mediación y arbitraje). La resolución definitiva deberá producirse, en todo caso, en el plazo máximo de dos meses desde su elevación a la Comisión Negociadora Estatal.

Asimismo, se incorporarán al acuerdo sectorial estatal las medidas de flexibilidad que se pacten, tomando como referencia las distintas propuestas presentadas por ambas partes durante el proceso negociador.

Como instrumento de mejora de la competitividad de los puertos afectados por el convenio colectivo estatal de ámbito sectorial, con carácter adicional a las anteriores medidas, se acuerda la reducción del 10% de las retribuciones de los trabajadores de los puertos afectados por el convenio colectivo sectorial estatal. La reducción salarial se aplicará, en su caso, a todo el personal del servicio de manipulación de mercancías, cuyos ingresos mensuales brutos (por doce mensualidades) superen en un 5% el importe de multiplicar por tres el salario mínimo interprofesional. Con carácter alternativo y por acuerdo de las partes legitimadas en cada puerto, la reducción del 10% indicado anteriormente podrá resultar sustituida, total o parcialmente, por otras medidas de flexibilidad interna.

Las partes acuerda reservar, como competencias exclusivas del marco sectorial estatal, las materias comprendidas en sus actuales capítulos III (Modos de adscripción a las tareas portuarias), IV (Condiciones de trabajo. Llamamientos; jornada; descansos; tipos de jornada; organización del trabajo; vacaciones anuales; estructura salarial y movilidad funcional y polivalencia) y V (Clasificación profesional, formación profesional; prevención de riesgos laborales y promoción de la igualdad). Lo anterior, sin perjuicio de que en futuros procesos de negociación y en virtud del principio de modernidad, las partes de manera autónoma pueda decidir reenviar o delegar su desarrollo a los ámbitos inferiores.

2. La concesión de ayudas al sector.

La modificación convencional anterior del régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y las medidas indicadas en el anterior apartado 1, impactarán necesariamente sobre el empleo, por lo que deberán llevar asociadas, en aras a facilitar un proceso de tránsito ordenado, en todos los puertos, la concesión de ayudas públicas a los trabajadores actuales que prestan el servicio de estiba (incluyendo, por tanto, al personal estibador de las actuales SAGEP, al personal de estructura de las actuales SAGEP y al personal estibador que actualmente trabaje en relación laboral común en alguna empresa estibadora) que se vean afectados por las medidas extintivas que, a continuación, se indican:

- Jubilaciones forzosas, mediante el oportuno instrumento normativo que lo habilite, para todos aquellos trabajadores que durante el periodo de transición cumplan los requisitos necesarios para percibir el 100% de la pensión de jubilación.

- Bajas voluntarias, de forma que los trabajadores puedan rescindir voluntariamente su contrato, ya sea por razón de su edad o de los perjuicios que se deriven en su caso de la adaptación del Derecho interno de resolución del TJUE, en los términos propuestos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con un importe mínimo, en todo caso, equivalente a multiplicar por tres el Salario Mínimo Interprofesional.

Las anteriores medidas se mantendrán temporalmente hasta alcanzar el nivel óptimo de empleo de cada puerto. Los integrantes de la Comisión de Seguimiento implementarán los medios correspondientes a su ámbito de competencia, para la consecución de tal fin.

Asimismo, se deberán mantener las medidas contenidas en el apartado 4º de la Disposición Transitoria Primera del proyecto de modificación legislativa aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 24 de febrero de 2017.

Por último, y tomando en consideración que la asunción de los actuales empleados y de sus costes salariales repercutirán en la competitividad de las empresas actualmente licenciatarias durante el periodo de tiempo que los mismos permanezcan en el sistema, las Autoridades Portuarias o directamente desde Puertos del Estado, deberán adoptar las medidas que compensen los costes laborales derivados de la subrogación del personal indicado en el apartado 3 siguiente, compensando el diferencial de los costes laborales del colectivo sobre los de nueva contratación.

3. La continuidad en el empleo de los trabajadores del sector.

La garantía de empleo de los actuales trabajadores que presten servicios de estiba (en relación laboral especial, común y personal de estructura de las SAGEP) deberá realizarse mediante una disposición normativa con rango de Ley.

4. Comisión de Seguimiento de los acuerdos.

Tras la ratificación íntegra por las partes del contenido de los presentes acuerdos y la aceptación por el Gobierno de las medidas contenidas en los mismos que le competen, se constituirá una Comisión de Seguimiento, vigilancia y control para la ejecución de las medidas acordadas.

La Comisión se constituirá, de forma tripartita, en el plazo de 7 días, de la que formarán parte tres representantes de ANESCO, tres por los Sindicatos (con voto ponderado en atención a su representatividad) y tres por el Gobierno, pudiendo asistirse, cada una de las partes, por los asesores que consideren convenientes.

La Comisión estará presidida por el actual mediador, D. Marcos Peña, previa aceptación del mismo.

5. Ratificación y entrada en vigor del presente principio de acuerdo.

El presente Principio de Acuerdo constituye un todo orgánico e indivisible y para su aplicación se requiere la previa ratificación por los órganos competentes de cada organización firmante y la adopción de las medidas legislativas contenidas en el mismo.

Una vez efectuado lo anterior, su entrada en vigor se producirá al día siguiente de la publicación en el BOE del instrumento legislativo procedente.

No obstante lo expuesto, las partes iniciarán los trabajos contemplados en los anteriores apartados con carácter inmediato.