Según fuentes del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) consultadas por este Diario, desde la remisión a Bruselas de las ampliamente comentadas y difundidas nuevas alegaciones al dictamen, la Comisión Europea no se ha puesto en contacto con España ni ha emitido comentario alguno todavía con relación al documento enviado.
No se espera nada al respecto en todo caso, si nos atenemos al patrón seguido en las anteriores fases del proceso. En su día, tras abrirse el procedimiento con la remisión directa de la “carta de emplazamiento” (25 de noviembre de 2011), España realizó sus alegaciones y no volvió a recibir comunicación alguna de la Comisión Europea hasta que el pasado 27 de septiembre se informó públicamente de la remisión al Reino de España del dictamen motivado.
Es de suponer, por tanto, que la nueva decisión de la Comisión se hará pública directamente, algo para lo cual no hay previsto ningún plazo. Hay que recordar que entre la remisión de las primeras alegaciones (2 de abril de 2012) y el dictamen motivado transcurrieron prácticamente seis meses. Recordemos que en el mismo la Comisión exigía la modificación de la legislación española en materia de estiba por ir la actual normativa contra el principio de libre establecimiento empresarial.
Tres posibilidades
En cuánto a lo que puede suceder a partir de ahora cabrían tres posibilidades, no sin olvidar que con independencia de la decisión de procedimiento que adoptó España, en el dictamen quedaba claro que se habría un plazo de dos meses (posteriormente ampliado a uno más) en un único sentido: o España modificaba su legislación y la adaptaba a los requerimientos del dictamen o bien la Comisión Europea denunciaba al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Como quiera que España, con el beneplácito de la Comisión, decidió emplear este tiempo en elaborar unas nuevas alegaciones, se abre ahora un horizonte con tres posibles escenarios. Una opción sería que la Comisión Europea analizara las nuevas alegaciones presentadas, considerara su contenido y, en base a las mismas, decidiera desistir del procedimiento y dar por cerrado el asunto.
Una segunda opción sería que, en virtud de dichas alegaciones, la Comisión Europea decidiera introducir alguna modificación al Dictamen Motivado y, de acuerdo con su nuevo contenido, diera a España un nuevo plazo para adaptar la legislación española a los requerimientos legales recogidos.
Por último, la tercera opción sería que la Comisión Europea no considerara las nuevas alegaciones del Reino de España y, tal y como se recogía en el dictamen, directamente decidiera remitir el mismo al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La pelota está por tanto en el tejado de la Comisión y a España, de momento, lo que le toca es esperar.
Fuente: http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=51529
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