La Comisión Europea cuestiona la ausencia de requisitos de formación para los estibadores en el dictamen motivado remitido a España en el que le daba un ultimátum para que liberalice el sector portuario. El rotativo de prensa especializada desgranó en su edición de ayer el contenido del documento en el que se denunciaba el modelo de contratación de estibadores que rige en el país en virtud del Real Decreto-Ley 2/2011, de 5 de septiembre. Desde Bruselas afirmaban que el modelo español de estiba se opone al principio de libertad de establecimiento que dispone el Tratado de la Unión Europea y podría suponer una barrera para que proveedores de otros Estados miembros se establezcan en España.
En el dictamen motivado, cuyo contenido se publicó en Diario del Puerto, los argumentos que esgrime España para justificar la restricción a la libertad de establecimiento se basan en el objetivo de "conciliar el interés general con la protección de los trabajadores".
Sin embargo, en la Comisión Europea observaron que "actualmente la legislación española no prevé ningún requisito de formación o cualificación especial para estos trabajadores, excepto un requisito general de aptitud física y psicológica y una educación post-secundaria para los estibadores".
Por ello, la Comisión cree que aunque el objetivo del modelo de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) que permite la Ley tiene el objetivo de garantizar la calidad o la seguridad de los servicios de manipulación de mercancías, "las medidas adoptadas por las autoridades españolas no serían adecuadas para garantizar la consecución de este objetivo".
La Comisión Europea remitió al país un dictamen motivado para que en dos meses informe de las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Considera que la obligación que la Ley imprime a las empresas estibadoras para participar en las SAGEP para la provisión de trabajadores, impidiéndoles recurrir al mercado para contratar a su personal, se opone al principio de libertad de establecimiento que dispone el Tratado de la Unión Europea y podría suponer una barrera para que proveedores se establezcan en España.
El dictamen motivado es el segundo paso en el proceso de infracción, tras la petición de información. Si hasta el 1 de diciembre no se informa de las medidas adoptadas, se podría someter el asunto al Tribunal de Justicia europeo.
Fuente:http://www.europasur.es/article/maritimas/1370769/bruselas/cuestiona/la/ausencia/requisitos/formacion/la/estiba.html
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