viernes, septiembre 28, 2012

Ahora bastante más CLARITO: La UE da un ultimátum a España para que LIBERALICE la contratación en la estiba


La Comisión Europea ofrece dos meses para adoptar medidas que eviten la obligación de las empresas a participar en las SAGEP y a emplear a su personal. Si no, someterá el asunto al Tribunal de Estrasburgo
 
La Comisión Europea ha denunciado a España por "obligar a las empresas estibadoras que operan en varios puertos a participar financieramente en el capital de las empresas privadas que gestionan la provisión de estibadores, impidiéndoles recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente". En el comunicado en el que se informa del dictamen motivado a España, se dice que entre estos puertos está Barcelona, Algeciras, Valencia y Bilbao.

El ultimátum surge tras la celebración esta semana en Bruselas de la Conferencia sobre Política Portuaria de la Unión Europea. En su inauguración, el comisario de Transportes, Siim Kallas, indicó que "en algunos puertos las prácticas laborales suponen un coto cerrado que impide emplear personal de propia elección". Los estibadores de Algeciras y del resto de los puertos de interés general españoles celebraron el martes una hora de paro ante una cita que se preveía polémica y por los cambios legislativos que estudia el Gobierno de Portugal, y que traerá una reducción del ámbito laboral de los estibadores lusos.

El dictamen motivado supone la segunda etapa del procedimiento de infracción. De manera que si España no reacciona de manera satisfactoria, es decir, si no informa a la Comisión en un plazo de dos meses de las medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En España, el Real Decreto-Ley 2/2011, de 5 de septiembre, obliga a todas las empresas que deseen prestar servicios de carga y descarga en los puertos a unirse a una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y a participar en su capital. Además, independientemente de si la empresa es miembro de una SAGEP o no, tiene que recurrir a los trabajadores ofrecidos por esa sociedad. Sólo si estos no son suficientes o adecuados, pueden contratar a trabajadores en el mercado, pero solo para un turno de trabajo.

La Comisión considera que existen otros instrumentos para proteger a los trabajadores portuarios sin oponerse al principio de libertad de establecimiento que dispone el Tratado de la Unión Europea. De hecho, indica que los proveedores de otros Estados miembros podrían no establecerse en España a causa de la barrera que representa esta disposición en el mercado de estos servicios. Dicho Tratado se opone a cualquier disposición nacional que obstaculice o haga menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento.

"Si bien esas entidades suelen ofrecer una formación de calidad a los trabajadores y constituyen una herramienta eficaz para los empresarios, no deben utilizarse para impedir que determinadas personas o empresas cualificadas presten servicios de manutención de carga, o para imponer a los empresarios una mano de obra que no necesitan", reza el comunicado.

La asamblea de socios de la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Algeciras La Línea, APIE, la antigua Marapie, acordó por unanimidad el 14 de diciembre de 2011 la transformación en SAGEP para cumplir con el mandato recogido en la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el citado Real Decreto. Tras la transformación, los socios de la sociedad de estiba pasaron de ser 14 a nueve empresas, entre las que APM Terminals y Total Terminal International Algeciras son las mayoritarias.

La tramitación de la legislación motivó movilizaciones. Los sindicatos consideraron entonces que suponía la precarización de los servicios portuarios, la exclusión de empresas estibadoras mayoritarias de las sociedades de estiba y el establecimiento de un sistema que no garantizaba la continuidad del servicio portuario, ni la profesionalidad de los trabajadores. Aquellos cambios no se aplicaron, aunque aún quedan flecos que generan conflictos en otros puertos, como la estiba de vehículos nuevos. Desde el sindicato Coordinadora la denuncia a España por parte de la Comisión Europea fue una sorpresa y prefirieron esperar a digerir la información para hacer valoraciones.


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