La Audiencia rechaza el recurso de la Autoridad Portuaria y Sestife al ratificar que los inmuebles son patrimonio del Ministerio de Economía
SANTA CRUZ DE TENERIFE La Autoridad Portuaria ha vuelto a sufrir un revés en el pulso judicial que mantiene con el Ministerio de Economía para que éste aporte a la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba de Santa Cruz de Tenerife (participada al 51% por el Estado y el resto por empresas estibadoras) dos edificios ubicados en la calle La Marina y la avenida de Anaga. Estos inmuebles pasaron a ser patrimonio del Estado hace más de 16 años, a raíz de la orden ministerial de 14 de junio de 1995, después de que formaran parte de la Organización de Trabajos Portuarios, organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creado en 1944 para controlar el censo de trabajadores portuarios y garantizar sus derechos laborales.
La sentencia que la Audiencia Nacional acaba de dictar desestima el recurso que la Autoridad Portuaria interpuso contra la citada orden ministerial de 1995.
El juez considera que cuando la Organización de Trabajos Portuarios fue suprimida en 1987 para convertirse en la citada Sociedad de Estiba y Desestiba, no tenía la obligación de aportar todo su activo a la nueva sociedad, por lo que la decisión del Estado de no incluir los dos edificios está ajustada a la ley.
No es lo que opina la Autoridad Portuaria y las empresas estibadoras, que se remiten al Real Decreto Ley 2/1986, que establece que la participación del Estado en el capital de la sociedad consistirá en el patrimonio neto perteneciente al Organismo Autónomo Organización de Trabajos Portuarios.
Sin embargo, ninguna de las instancias judiciales a las que ha acudido en estos años la Autoridad Portuaria le ha dado la razón. Los tribunales siempre han determinado que los 25 millones de pesetas que el Estado aportó a la sociedad cumplían con el decreto arriba mencionado al constituir el 51% del capital de la sociedad.
La reciente sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no condena a la entidad pública demandante al pago de costas.
Fuente: http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/01/queda-edificios-extinta-otp/394260.html
Curioso, hace no mucho se decía que el estado era un parásito de la estiba, que no ponía un duro y que eran las empresas las que lo ponían todo y mira por donde, en Tenerife el estado inyectó 25 millones a la sociedad de estiba que no es moco de pavo.
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